Un decreto es la norma que expide el Gobierno, firmada por el presidente de la República y por el ministro o el director de departamento del tema, para ejecutar una ley o para usar una facultad que la Constitución le da directamente. Con decretos el presidente nombra y remueve a su gabinete, reglamenta las leyes y dirige la fuerza pública. Lo que no puede hacer por decreto, en tiempos normales, es crear impuestos, expedir códigos o reformar la Constitución, y entre una cosa y la otra queda una franja ancha de decisiones que se negocian (justo donde se pierde quien sigue al gobierno por los titulares).
| Qué tanto depende de él | Ejemplos | Constitución |
|---|---|---|
| Decide casi solo | Nombrar y remover ministros y directores de departamento; dirigir la fuerza pública y la diplomacia; reglamentar las leyes | Artículo 189 |
| Negocia | El presupuesto, la estructura del Estado, los aranceles dentro de una ley marco | Artículos 150, 189 y 346 a 349 |
| Necesita una ley | Crear o quitar impuestos, expedir códigos, reformar la Constitución | Artículos 150, 338 y 374 |
| No depende de él | Banco de la República, Fiscalía, cortes, Procuraduría, gobernaciones y alcaldías | Artículos 239, 249, 276 y 372 |
La tabla es la versión corta, la misma idea del cuadro del poder real del cargo, y tiene una trampa. “Por decreto” no es una sola cosa: hay por lo menos cinco clases, cada una con su propia fuente y con un tribunal distinto que la puede tumbar. Confundirlas es la forma más común de sobreestimar (o de subestimar) lo que un gobierno puede hacer en un año.
La diferencia entre ley y decreto
La ley la hace el Congreso, después de sus debates, y el presidente la sanciona; el decreto lo expide el Gobierno y, por regla general, está por debajo de la ley y no la puede contradecir. Hay un detalle que casi nadie cuenta: según el artículo 115, ningún acto del presidente vale si no lo firma también el ministro o el director de departamento del ramo, que por ese solo hecho queda como responsable (salvo los nombramientos y remociones de su gabinete y unos pocos actos más).
Un nombre que sale en una alocución o en una red social es una designación, y el cargo se ejerce con el decreto de nombramiento y la posesión
| Tipo | Para qué sirve | De dónde sale | Quién lo revisa si lo demandan |
|---|---|---|---|
| Reglamentario | Detallar una ley para que se pueda aplicar, sin ir más allá de ella | Artículo 189, numeral 11 | Consejo de Estado |
| Decreto ley | Normas con fuerza de ley sobre un tema preciso, con permiso del Congreso | Artículo 150, numeral 10 | Corte Constitucional |
| Legislativo | Conjurar una crisis en un estado de excepción | Artículos 212 a 215 | Corte Constitucional, aunque nadie lo demande |
| De ley marco | Aranceles, crédito público o salarios de empleados públicos, con los criterios de una ley | Artículos 150, numeral 19, y 189, numeral 25 | Consejo de Estado |
| Plan o presupuesto | Ponerlos en vigencia si el Congreso no los aprueba a tiempo | Artículos 341 y 348 | Corte Constitucional |
El decreto ley es el caso más común de “decreto con fuerza de ley”, que es como se llama cualquier decreto con el mismo rango de una ley. Las facultades extraordinarias que lo permiten duran hasta seis meses y no sirven para expedir códigos, leyes estatutarias u orgánicas, ni para decretar impuestos. A finales de octubre de 2026, por ejemplo, el proyecto de ajuste fiscal radicado en la Cámara pedía facultades de este tipo para suprimir o fusionar entidades.
Lo que el presidente decide casi solo
La primera función del artículo 189 es “nombrar y separar libremente” a los ministros y a los directores de departamentos administrativos, y es la que menos depende de otros. En agosto de 2026, el Decreto 1277 nombró al director de Planeación Nacional en lugar de la persona que se había anunciado una semana antes. En septiembre, el presidente declaró insubsistente al director del DANE, que tenía decreto desde el 19 de agosto. Ninguno de los dos movimientos pasó por el Congreso.
Pero anunciar no es firmar. Un nombre que sale en una alocución o en una red social es una designación, y el cargo se ejerce con el decreto de nombramiento y la posesión. Mientras tanto lo lleva un encargado (en el Ministerio del Interior, tras el anuncio del 21 de octubre de 2026, firmaba el ministro de Justicia), y para una empresa que espera una resolución de ese despacho eso define quién puede firmarla y cuándo.
La otra facultad que más pesa en una empresa es la reglamentaria: la ley dice qué, y el decreto dice cómo, desde cuándo y con qué requisitos. Y tiene una regla que poca gente aprovecha. Los proyectos de decreto que firma el presidente se publican en la página del ministerio que los lidera durante al menos quince días calendario, para que cualquiera los comente, y cada ministerio publica a más tardar el 31 de octubre la lista de los decretos que piensa expedir el año siguiente (las dos reglas están en el Decreto 1081 de 2015). ¿Cuántas empresas leen esa lista antes de enterarse por la prensa?
Lo que negocia
El presupuesto lo formula el Gobierno y lo presenta en los primeros diez días de cada legislatura, que arranca el 20 de julio, pero lo expide el Congreso. Aun así, el Gobierno conserva llaves: hay leyes que solo él puede proponer (el Plan Nacional de Desarrollo, la estructura de la administración, las exenciones de impuestos), y el Congreso no puede subir los cálculos de rentas sin el visto bueno del ministro de Hacienda. Y con el presupuesto ya vigente, el Gobierno puede reducir o aplazar partidas, con concepto del Consejo de Ministros, si calcula que la plata no alcanza: así salió el Decreto 1585 del 22 de octubre de 2026, que le recortó 13,81 billones de pesos al presupuesto de ese año.
La estructura del Estado también se negocia. El presidente puede suprimir o fusionar entidades y cambiar la estructura de los ministerios, pero “de conformidad con la ley”; crear o suprimir un ministerio le toca al Congreso. Y está la objeción, lo más parecido a un veto: si el presidente devuelve un proyecto aprobado y el Congreso insiste con la mitad más uno de los miembros de cada cámara, tiene que sancionarlo, salvo que la objeción sea por inconstitucionalidad (ahí decide la Corte Constitucional).
Lo que no puede hacer solo, y la excepción
“En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales”, dice el artículo 338. Tal vez sea la frase que más conviene recordar cuando alguien promete bajar o subir un impuesto: eso necesita una ley, lo prometa quien lo prometa.
La excepción es el estado de emergencia económica, social y ecológica (artículo 215). Con la firma de todos los ministros, el presidente puede declararlo por periodos de hasta treinta días que no sumen más de noventa en el año, y dictar decretos con fuerza de ley que creen o modifiquen impuestos de forma transitoria, hasta el final de la siguiente vigencia fiscal si el Congreso no los vuelve permanentes. Esos decretos van a la Corte Constitucional al día siguiente, los demande alguien o no.
Y hay instituciones que no responden a sus órdenes, aunque a veces él ponga nombres en la lista. La Junta del Banco de la República la preside el ministro de Hacienda, pero sus cinco codirectores tienen periodos de cuatro años y se renuevan de a dos, así que ningún presidente arma la junta entera de una sola vez.
Cuando el Congreso no llega a tiempo
Hay dos casos en que un decreto ocupa el lugar de una ley sin permiso del Congreso. Si el Congreso no aprueba el plan de inversiones del Plan Nacional de Desarrollo en tres meses, el Gobierno puede ponerlo en vigencia por decreto (artículo 341). Y si no expide el presupuesto antes de la medianoche del 20 de octubre, rige el proyecto del Gobierno con los cambios aprobados en primer debate (artículo 348 y Estatuto Orgánico del Presupuesto).
Es lo que pasó con el Presupuesto de 2027. Senado y Cámara aprobaron versiones distintas de un artículo, el 65, la conciliación no se votó a tiempo y el 22 de octubre de 2026 salió el Decreto 1599, por 634,9 billones de pesos, con la distribución del primer debate. El presupuesto de 2025 también había salido por decreto, el 1523 de diciembre de 2024, y el caso de 2027 tiene su propia pieza.
Leído rápido, parece que el presidente “decidió solo” el presupuesto, y no es tan así (el decreto lo amarra a un texto que ya existía, y si ese era el camino correcto es una discusión que ya se anunció ante los jueces). Lo que sí cambia es dónde se discute lo que sigue: una adición vuelve al Congreso como proyecto de ley (salvo en un estado de excepción), y solo se abre si la pide el Gobierno por medio del ministro de Hacienda.
Cómo leer un anuncio desde una empresa
El filtro para cualquier anuncio cabe en tres preguntas. ¿Con qué instrumento se haría: una directiva, un decreto, una ley o una reforma constitucional? ¿Quién más tiene que firmar o votar, y en qué plazo? ¿Quién lo puede tumbar después?
El titular casi siempre trae la promesa y casi nunca el instrumento, y hacer este ejercicio con cada noticia es un trabajo de tiempo completo. Es el problema que intenta resolver la agenda del Pulso abierto de Kai Pulse, que pone al lado de cada promesa el instrumento que exige y qué tan viable es. Lo resume en una frase: “Una promesa sin instrumento es una preferencia, no un plan”.
Me queda una duda que no sé resolver. La Constitución reparte con cuidado quién firma qué, pero el calendario reparte otra cosa (quién llega a tiempo), y que dos de los últimos tres presupuestos hayan salido por decreto me hace pensar que el plazo empieza a pesar tanto como la facultad. ¿Cuál fue el último anuncio del gobierno que te hizo mover algo en tu empresa, y sabías con qué instrumento se iba a hacer?
Nos vemos.
Mauro Z.