El Presupuesto General de la Nación de 2027 no salió como ley sino por decreto: el Decreto 1599 del 22 de octubre de 2026, por 634,9 billones de pesos. Adoptó el proyecto del Gobierno con los cambios aprobados en el primer debate y dejó por fuera lo que las plenarias del Senado y de la Cámara habían movido después. Pasó porque las dos cámaras aprobaron versiones distintas de un mismo artículo y no alcanzaron a conciliarlas antes de la medianoche del 20 de octubre, que es el plazo de ley. A mediados de noviembre de 2026, cuando se escribe esto, el decreto está expedido, la demanda que se anunció contra él no aparece radicada y el Congreso discute un ajuste fiscal que puede cambiar cuánto de ese presupuesto se gasta de verdad.
| El Decreto 1599 de 2026 | Billones de pesos |
|---|---|
| Funcionamiento | 391,38 |
| Servicio de la deuda | 155,43 |
| Inversión | 88,14 |
| Total | 634,95 |
Qué pasó, en orden
- Finales de julio de 2026. El gobierno saliente radicó el proyecto de presupuesto de 2027 por 575,6 billones.
- 11 de agosto. Las comisiones económicas del Congreso se lo devolvieron al Ministerio de Hacienda, que había pedido esa devolución.
- 27 de agosto. El nuevo ministro de Hacienda radicó otro proyecto, por 634,9 billones.
- Septiembre. Las comisiones económicas aprobaron ese monto y después la distribución, en primer debate.
- 19 y 20 de octubre. Las plenarias aprobaron el presupuesto con traslados entre sectores (en esa etapa el monto total ya no se podía cambiar).
- 20 y 21 de octubre. Apareció la diferencia: el artículo 65, sobre coberturas frente al precio del petróleo, los combustibles y la tasa de cambio, quedó aprobado sin proposiciones en el Senado y con una proposición en la Cámara, y no hubo conciliación antes del plazo.
- 22 de octubre. El Gobierno expidió el Decreto 1599. Ese mismo día, otro decreto, el 1585, le recortó 13,81 billones al presupuesto de 2026.
- 29 de octubre. El Gobierno radicó en la Cámara su proyecto de ajuste fiscal.
Visto en orden, el decreto no salió de la nada (fue el final de un trámite de tres meses, con dos proyectos distintos), y por eso la pregunta útil no es si el presupuesto “se cayó”, sino cuál de sus versiones quedó viva. Quedó la del primer debate.
Por qué un decreto y no la ley
La Constitución lo prevé para que el país no se quede sin presupuesto: si el Congreso no lo expide, rige el que presentó el Gobierno (artículo 348), y el Estatuto Orgánico del Presupuesto precisa que es el proyecto “incluyendo las modificaciones que hayan sido aprobadas en el primer debate” (artículo 59). El decreto no inventa cifras. Toma un texto que ya existía, y lo que el presidente puede hacer solo y lo que no está explicado aparte, con este y los demás tipos de decreto.
una apropiación es una autorización máxima de gasto, no una promesa de pago
Lo que se discute es otra cosa. El Gobierno sostuvo que el proyecto no se hundió y que la vía era la del artículo 59. En el Congreso y entre abogados hubo quien defendió que una diferencia en un solo artículo no tenía por qué arrastrar el resto de la ley, y desde la oposición se anunció una demanda contra el decreto. Una demanda así tarda, y hay un antecedente cercano. El presupuesto de 2025 también salió por decreto, el 1523 de diciembre de 2024; una demanda contra uno de sus artículos llegó a la Corte Constitucional en marzo de 2025, y el concepto del procurador se conoció en junio.
A quién le cambia el año
Primero, a quien esperaba lo que sumaron las plenarias. Según La República y El Espectador, las plenarias habían sumado 3 billones para salud, 6,5 billones para pensiones y 3 billones para subsidios de energía y gas. También habían subido la inversión en cerca de 8 billones. Nada de eso está en el decreto, que deja la inversión en 88,14 billones. Quien contaba con esas partidas (un prestador de salud, una empresa de servicios públicos que recibe subsidios, una región con un proyecto en la lista) tiene que volver a mirar dónde quedó.
Después, a quien quiera recuperarlas. Una adición al presupuesto es un proyecto de ley que solo se abre a solicitud del Gobierno, por medio del ministro de Hacienda (así lo dice el Estatuto Orgánico, que solo exceptúa los estados de excepción). Para un gremio o una gobernación eso cambia de puerta la incidencia: del Congreso al Ministerio de Hacienda.
A contratistas y proveedores del Estado. Para ellos la cifra total dice poco. Lo que importa es la línea de la entidad con la que trabajan, que aparece en el anexo del decreto de liquidación (artículo 67 del Estatuto Orgánico). Y hay dos reglas que no cambian con el decreto: una apropiación es una autorización máxima de gasto, no una promesa de pago, y los pagos salen según el programa mensual de caja que aprueba el Confis. ¿Sabes en qué rubro está el contrato que esperas renovar en 2027?
El techo, además, se puede bajar. El Gobierno puede reducir o aplazar apropiaciones en cualquier mes, con concepto del Consejo de Ministros, si calcula que los recaudos no alcanzan (artículos 76 y 77), y no es una hipótesis lejana: el mismo 22 de octubre, el Decreto 1585 le recortó 13,81 billones al presupuesto de 2026.
Y a quien vive de contratos de prestación de servicios con el Estado. El proyecto de ajuste fiscal que el Gobierno radicó en la Cámara el 29 de octubre propone reducir a la mitad, en 2027, lo que el Estado gasta en esos contratos. También pide facultades extraordinarias por seis meses para suprimir entidades. Es un proyecto y no una norma (tiene que pasar por el Congreso y puede cambiar en el camino), pero muestra que el gasto de 2027 que fijó el decreto todavía no es la última palabra. ¿Cuánto de tu ingreso del año que viene depende de un contrato de esos?
Lo que conviene mirar de aquí en adelante
El decreto rige para el año que empieza el 1 de enero. Las señales que van a decir cómo queda ese año son cuatro: el decreto de liquidación y su anexo, si la demanda anunciada se radica y la admiten, el trámite del ajuste fiscal y cualquier decreto que reduzca o aplace partidas durante 2027. En el tablero de señales del Pulso abierto de Kai Pulse, la fila del decreto del presupuesto existe desde el día en que se anunció, con el umbral que movería la lectura hacia un escenario u otro.
No sé si dentro de un año esto se va a recordar como un problema de trámite o como el momento en que la discusión del gasto se mudó de edificio, del Congreso al Ministerio de Hacienda (sospecho que depende de cuántas adiciones se pidan en 2027, y de quién las pida). ¿Hay algún contrato, pago o subsidio de tu empresa que dependa de una línea del presupuesto de 2027, y ya sabes en qué versión quedó?
Nos vemos.
Mauro Z.